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Si se excluye a los privados de participar en el sector eléctrico y el gobierno federal apuesta por el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los costos que son 4.9 veces más altos que los privados, se reflejarán en mayores tarifas para la población o bien, en más subsidios que pagarán los mexicanos, advirtió este lunes José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a septiembre del 2021, observamos que la energía que genera la CFE es 4.9 veces más cara que la que produce el sector privado (1,852 pesos por megawatt hora -MWh- contra 377 pesos por MWh)”, defendió el sector patronal.

Con estas cifras se demuestra que “la CFE no es eficiente en la generación de electricidad”, ni lo será si se le entrega por ley toda la responsabilidad, ya que implicaría mayores precios de la electricidad, insumo básico para las industrias, los negocios, las oficinas y para los hogares (sobre todo ahora que muchas personas trabajan a distancia), aseguró el presidente del sindicato patronal.

Tras calificar a la contrarreforma eléctrica como “tóxica para las familias”, Medina Mora expresó: “hemos alzado la voz para rechazarla porque atenta contra la inversión, las finanzas públicas y los tratados internacionales”, comentó a través de la Señal Coparmex.

El aumento de costos de electricidad para las empresas provocará que los bienes y servicios suban de precio, entonces el golpe también lo recibirán las familias de forma indirecta. Aunque si se subsidian por parte del presupuesto federal para evitar que el precio que las personas vean en su recibo aumente, “estos son recursos públicos que, en lugar de utilizarse para comprar medicamentos, dar mantenimiento a las escuelas o adquirir patrullas, se irá para cubrir la ineficiencia de CFE”, reprobó el sector empresarial.

De hecho, la Auditoría Superior de la Federación declaró en uno de sus informes de la Cuenta Pública 2018 que la operación de unidades del CFE presenta una menor eficiencia térmica y han excedido su vida útil, lo que repercute en mayores costos de operación.

La Coparmex precisó que desde el 2019, en promedio, las empresas de generación privada han logrado reducir su costo unitario de generación en 19.6% (precio por MWh generado). En específico, las plantas de energía eólica y solar han reducido su costo en 20.1% y 19.4%, respectivamente.

Fuente: El Economista

El Gobierno Federal dio a conocer los detalles sobre el nuevo esquema bajo el cual operará el sistema eléctrico nacional, de aprobarse la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A través de la modificación de los artículos 25, 27 y 28 Constitucional, se busca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pase de ser una empresa productiva del Estado a un organismo del Estado.

El nuevo esquema establece que la Comisión generará un mínimo del 54 por ciento de la electricidad a nivel nacional y las empresas privadas el 46 por ciento restante.

“Esto garantiza a todos los mexicanos seguridad energética, donde la CFE mantiene la misión de servicio social y con ello las tarifas de la luz se podrán mantener a un precio por debajo de la inflación”, enuncia un documento publicado por el Gobierno Federal.

Durante las administraciones federales anteriores a la CFE se le impuso un esquema llamado contrato legado, “que son acuerdos impuestos entre dos de sus subsidiarias para que se compren electricidad entre ellas a precios generalmente altos que impactan en las finanzas de la empresa del Estado. La reforma eléctrica propone eliminar dichos contratos legados y un cambio en el despacho de electricidad”, explica el documento.

El esquema de despacho propuesto por la reforma reordenaría las prioridades de generación de energía de la siguiente manera:

1. Hidroeléctrica;
2. Nuclear;
3. Geotermia;
4. Gas CFE;
5. Térmica CFE;
6. Eólica;
7. Solar;
8. Gas Privados; y,
9. Carbón.

La propuesta para un nuevo esquema contempla que el estado quede a cargo de la transición energética y que utilice de manera sustentable todas las fuentes de energía de la Nación, “con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero”. Paralelamente, establecerá políticas públicas científicas, tecnológicas e industriales; impulsará el financiamiento y la planeación energética sustentable.

El documento afirma que, actualmente, la Comisión Federal de Electricidad “sostiene a los privados”, ya que tiene 191 Centrales de Generación, pero solo operan al 55% promedio de capacidad, 69 son energías limpias: hidráulicas, geotérmicas, nuclear, eólica y solar.

En contraparte en 2020 la CFE tuvo que comprar 90 TWh en el mercado eléctrico por 223 mil millones de pesos. Y por tener el 45% de sus plantas subutilizadas no generó 215 mil millones de pesos.

“En una oferta manipulada el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía) despacha primero a quien oferte más barato (por lo general siempre lo hacen los privados, rotándose en grupos para mantener su prioridad) sin embargo al final del día a todos se les paga por igual el precio más alto, haciendo esto un mercado perverso”, afirma el Gobierno Federal.

Con respecto a las sociedades de autoabasto, se expone que en 2013 se extendieron los permisos de autoabasto para que grandes fábricas produzcan su electricidad, “sin embargo, esto decayó en una práctica ilegal, creando un mercado paralelo donde simularon estos permisionarios tener socios (socios de un dólar) y empezaron a vender electricidad, utilizando las líneas de transmisión de la CFE e incurriendo en fraude fiscal”, por este motivo plantea cancelar este tipo de contratos.

“Esta actividad es ilegal. Hasta hoy hay registradas 239 centrales de autoabasto y de ellas hay 77,767 mil consumidores, estas centrales no cuentan con el permiso autorizado de suministro básico”, enuncia el documento, y cita como ejemplo a empresas como Cemex, Bimbo, Alsea, Kimberly-Clark, Oxxo, Walmart y FEMSA.

También se plantea cancelar los Certificados de Energías Limpias (CEL), los cuales son entregados por cada MW producido por energía eólica o solar a los productores privados y se obliga a la CFE que compre estos certificados, ya que es la única empresa que vende electricidad al público.

“Actualmente la CFE ha pagado más de 6 mil millones de pesos de estos CEL a 335 centrales privadas, al finalizar el contrato se habrá subsidiado el 50% de la inversión inicial en estas plantas”, expone el documento.

El Gobierno Federal afirma que, bajo el nuevo esquema, la CFE se encargará de mantener los márgenes establecidos en los compromisos internacionales (35% al 2024) “asimismo, impulsará la generación distribuida en hogares, escuelas, edificios, pozos de riego, núcleos rurales, entre otros, a través de la utilización sustentable de todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, donde se beneficiará directamente al usuario para el apoyo de la economía familiar”.

Finalmente, quedará establecido que el litio es propiedad de la nación, además de que no se otorgarán concesiones y que las funciones que el Estado ejerza para este mineral estratégico, no constituirán un monopolio.

“Vamos a ir caminando a la transición energética de la mano con los programas de protección al medio ambiente, de acuerdo con la innovación tecnológica mundial. Hoy todo el mundo camina hacia allá, al paso que la tecnología avanza”, concluye.

Fuente: Aristegui Noticias

La propuesta de reforma eléctrica del Ejecutivo promueve la participación de la inversión privada y el desarrollo de un sistema de abasto ordenado, que favorece un servicio seguro y confiable, afirmó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

En una conversación con los miembros del Atlantic Council, reconoció que la propuesta es todavía una iniciativa legislativa para modificar la Constitución, lo que significa que aún requiere ser discutida en el Congreso antes de su aprobación.

Cuestionado por el exembajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, acerca de los potenciales efectos negativos en la calificación crediticia de México y en el ambiente de inversión por la reforma, De la O contestó que dichos riesgos se pueden superar explicando todo el marco de la reforma y los objetivos que pretende.

“Estamos muy atentos al mercado y a la reacción de las agencias calificadoras, reasegurándonos de que tenemos un modelo consistente, dentro de las reglas del mercado”, enfatizó el secretario.

Expuso que el presidente López Obrador erigió un muro entre los intereses de los consorcios del sector privado y del gobierno con el objetivo de poner fin a las prácticas de concesiones públicas en favor de grupos selectos de negocios.

“Este capitalismo de concesiones también se dio en el sector de energía y perjudicaba a las finanzas públicas en el largo plazo”, aseveró.

Detalló que la reforma eléctrica propone un nuevo sistema de abasto de electricidad que promueva un desarrollo ordenado, que favorezca un servicio seguro y confiable, que continúe el existente, con estabilidad.

Añadió que el país promueve la participación de inversionistas del sector privado con la compra de su energía por parte de CFE, pero sin que se utilice a la empresa del Estado como un soporte financiero.

Recalcó un abuso del esquema de autoabasto, en el cual el sector privado promovía la simulación para encubrir un negocio financiero.

Agregó que el gobierno federal está muy atento al mercado y a la reacción de las agencias calificadoras a la propuesta de reforma eléctrica, reasegurándose de que se tiene un modelo consistente con las reglas del mercado.

Wayne, quien actualmente se desempeña como investigador senior del centro, preguntó “¿Cómo van a manejar el potencial efecto negativo en la calificación crediticia de México y en el ambiente de inversión por la reforma eléctrica que plantea la actual administración?”

Indicó que los potenciales efectos negativos se pueden manejar comenzando por explicar todo el marco alrededor de la reforma y los objetivos que pretende.

Discusión en FMI y BM

El secretario de Hacienda dijo que las principales discusiones entre los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales en la reunión de otoño del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se desarrolla esta semana, se centran en cómo lograr la recuperación económica, para la cual es esencial tener un acceso total a la distribución de las vacunas, para acabar con la pandemia.

“No podemos pensar en una recuperación incluyente si no logramos una completa vacunación de la población, especialmente de los países y sectores más vulnerables”, destacó ante los integrantes del centro geoeconómico.

“Por lo tanto, durante estas reuniones de trabajo debemos continuar explorando cómo el Banco Mundial y bancos multilaterales de desarrollo pueden contribuir a garantizar el acceso y distribución de vacunas por todo el mundo”, refirió.

Los países de ingresos altos y medios se adelantaron al acceso a las vacunas por medio de contratos individuales, en contraste con otros menos afortunados.

Consideró que el acceso de todos a las vacunas debe permitir un rápido e incluyente crecimiento económico, que cubra a todo el mundo.

Otros asuntos que se discutirán en el FMI son la digitalización, el cambio climático y la deuda.

“Debo reconocer los esfuerzos realizados por el FMI y el G20 para mejorar la arquitectura de la deuda internacional y aliviar la deuda a los países pobres”, subrayó.

“Sin embargo, debemos también enfocarnos en buscar alternativas para el refinanciamiento de deuda de los países de ingresos medios y bajos que comienzan a sufrir las consecuencias de los altos niveles de deuda”, reiteró.

Fuente: El Financiero